El Colegio de Abogados exige la retirada de recursos de inconstitucionalidad contra leyes valencianas

 

VP Constitucional b

4/02/2016 – 

VALENCIA (EFE). El Colegio de Abogados de Valencia ha pedido la retirada de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra las tres leyes dictadas por la Generalitat que regulan aspectos fundamentales de las relaciones de familia.

Estas son la Ley 10/2007 de 20 de marzo de régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011 de 1 de abril de relaciones familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y la Ley 5/2012 de 15 de octubre de uniones de hecho.

El Colegio reconoce que no es competencia suya la opinión o aplicación, en uno u otro sentido, de estos textos legales, función propia de los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma, pero sí “el respeto y la defensa a los derechos de los particulares, que sin intromisión o injerencia en la norma civil aquellos textos protegen”.

La entidad afirma que es su deber apoyar estos textos que promueven el respeto y la defensa de los derechos de los particulares, por lo que entiende que los recursos de inconstitucionalidad “pueden hacer peligrar la estabilidad personal de los ciudadanos”.

Recuerda que estas leyes han servido de referencia para la redacción de otros textos normativos en distintas comunidades autónomas siendo referente para la posible reforma del Código Civil.

Señala como ejemplo la aplicación, desde hace casi cinco años, de la Ley 5/2011 de 1 de abril, de custodia compartida, rehabilitada por el Tribunal Constitucional mediante un auto de 2011, resolución que ha permitido que la ley valenciana continúe en vigor lejos de “automatismos” en cuanto a uno u otro sistema de custodia, siempre protegiendo el interés del menor según el caso.

Aquella aplicación normativa ha resuelto, incluso, la aparición de una doctrina propia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en cuanto a los requisitos para la aplicación de algunos de sus preceptos.

“El compromiso de defensa con el justiciable y la posición histórica, que este Colegio no olvida, en la protección de nuestros derechos, obliga a tal posición y apoyo a la retirada de aquellos recursos”, manifiesta.

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