Un momento decisivo para el derecho civil valenciano

En 1716, Felipe V decidió transformar la Chancillería, un tribunal castellano creado tras la abolición, en una Audiencia. Muchos valencianos vieron en ello la oportunidad para recuperar los fueros, al menos la parte del derecho civil. Al fin y al cabo, era lo que había pasado en Aragón sólo unos años antes. Con esa esperanza fueron ante el presidente de la nueva Audiencia, pero éste -el murciano Juan de Valcárcel- ni siquiera se molestó en consultar con el rey: denegó la petición en línea y media de un auto y jamás volvió a preocuparse por ello.

Tres siglos después, los valencianos estamos asistiendo a un hecho similar. Pese a décadas de esfuerzo por recuperar y consolidar un derecho civil propio, parece que el Gobierno central está decidido, con la ayuda del Tribunal Constitucional, a dar carpetazo al asunto. Tampoco ahora se ha molestado en consultar, en abrir un espacio de diálogo o en preguntarnos a los valencianos hasta qué punto nos importa esta competencia, qué repercusión tendría su eliminación de facto o cómo se podría llegar a una solución satisfactoria para todos. Otra vez nos encontramos con el silencio o la indiferencia al otro lado. No es una novedad: lo mismo ocurre con la financiación, las inversiones públicas, el Corredor Mediterráneo. Es el ninguneo constante a que nos somete Madrid desde hace ya demasiado tiempo.

fursPero en esta ocasión no nos vamos a resignar. Desde hace unos meses, la Associació de Juristes Valencians venimos impulsando un manifiesto en el que exigimos la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de nuestro derecho civil. Lo hemos presentado en casi doscientos municipios de la Comunitat, con el ánimo de promover la iniciativa desde la misma base de nuestra población. Hasta el momento, una treintena ya se ha sumado a ella. Nos ha sorprendido gratamente la actitud de los partidos políticos valencianos, que la han hecho suya y la han apoyado casi por unanimidad; desde aquí les queremos agradecer ese apoyo y el aliento que nos han dado.

Y si no ha habido unanimidad es por la inexplicable excepción de Ciudadanos, un partido que apoya esta competencia en Cataluña, pero no en nuestra comunidad. Aún está a tiempo de cambiar de parecer y unirse a este afán de todos los valencianos. Porque nuestra intención es acudir a todos los foros que, en política, cuentan: aparte de los ayuntamientos y las diputaciones, también las Corts, donde reside la máxima representación de nuestros intereses y de nuestro ser como pueblo. Y, por supuesto, el Congreso y el Senado, donde ya ha habido una primera aparición del problema en el pleno fallido de investidura. Acudiremos igualmente a la Delegación del Gobierno porque somos conscientes que es el Ejecutivo estatal, ahora en manos de Mariano Rajoy, el que debe retirar los recursos -como ha hecho en el caso de otras comunidades autónomas- y abrirse a una negociación que resuelva de una vez este contencioso, que ya dura demasiado.

Pero no sólo nos hemos dirigido al ámbito de la política y el gobierno, sino también a entidades cívicas y culturales, a los colegios profesionales y a las universidades. Queremos hacer del manifiesto y de su objetivo último -la conservación del derecho civil valenciano- una empresa de todos, libre de filiación política o de cualquier otra significación no deseable. Nos jugamos mucho en ello: la posibilidad de disponer de unas leyes propias en nuestras relaciones como ciudadanos, por ejemplo a la hora de formar una familia (Ley de Régimen Económico del Matrimonio, Ley de Uniones de Hecho), de organizar el día a día entre sus miembros cuando ésta se rompe (Ley de Custodia Compartida) o, simplemente, al prever el destino de nuestros bienes cuando ya no estemos aquí mediante un testamento (proyecto de Ley de Sucesiones). Es la posibilidad, en fin, de tener una legislación más moderna y mejor para todos, por estar adaptada a las necesidades de una sociedad desarrollada y en permanente cambio, como es la valenciana.

Siempre que lo hemos intentado, el Estado central no ha tardado un momento en recurrir cada una de estas leyes ante el Tribunal Constitucional, a veces incluso con malas artes y engaño manifiesto. Si son declaradas inconstitucionales, las consecuencias sociales serán enormes: la gente que se ha casado en régimen de separación de bienes porque es el preferido hoy día, ¿deberá adoptar el de gananciales contra su voluntad por culpa de un Gobierno intolerante? ¿Y qué pasará con las numerosas custodias compartidas establecidas por los jueces desde 2011? Esos mismos jueces pueden acreditar que el sistema funciona y es más justo que el anterior.Tribunal-Constitucional

Pero más allá de la utilidad de esta legislación y de los efectos beneficiosos que pueda tener en nuestra sociedad, es ésta, también, una cuestión de dignidad y de autoestima. Durante muchos años, el Estado nos ha tratado como a ciudadanos de segunda y nosotros, hasta cierto punto, lo hemos tolerado. Sin embargo, esta actitud está empezando a cambiar, porque los valencianos ahora somos conscientes de que nos estamos jugando mucho -el bienestar, el desarrollo económico y social o nuestro ser como pueblo, sin ir más lejos- y que, a la larga, seguir igual es insostenible. En esto, y en muchas otras cosas, nos va el futuro, el nuestro y el de nuestros hijos.

Así pues, pedimos la unión de todos los valencianos y las valencianas ante una reivindicación que, en el fondo, sólo pretende defender nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra capacidad de autogobierno. Hace más de tres siglos, un rey indigno nos la quitó «por justo derecho de conquista», y uso sus propias palabras. Hoy no podemos, no debemos permitir que vuelva a ocurrir. Todos juntos, los partidos políticos y la sociedad civil, hemos de mostrar una postura firme ante Madrid. Que sepan -parafraseando a Winston Churchill- que lucharemos hasta el fin por nuestro derecho y que nunca nos rendiremos.

JAVIER PALAO GIL

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