¿Otra vez Almansa?

Este mes de abril se inicia con buenas noticias. La campaña emprendida por la Associació de Juristes Valencians (AJV) coge fuerza: hasta la fecha, 42 ayuntamientos, es decir, más de un millón y medio de valencianos de diversas comarcas, a través de sus entidades locales más cercanas, han respaldado un Manifiesto elaborado por esta asociación (puede consultarse en www.ajv-val.org) y presentado en 173 municipios.

Vila-real, Morella, Vilafranca, L’Alcora, en las comarcas de Castelló; Sueca, Carcaixent, Alzira, Alberic, Benifaió, Cullera, en La Ribera; Benidorm, Xàbia, Ondara, Benissa, en La Marina; Llíria, La Pobla de Vallbona o Benaguasil en Camp de Túria, o Aldaia, Manises, Alfafar y València (el Cap i Casal) en L´Horta, son algunas de las poblaciones más significativas que hasta ahora han respaldado la plenitud del derecho civil valenciano, para continuar regulando las relaciones entre particulares igual que muchos otros territorios españoles (Navarra, Aragón, Cataluña…).

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Esperamos que, en breve, Alacant, Torrent, Elx, Alcoi, Sagunt, Benicarló, Vinaròs, La Vall d´Uixó, Gandia… aprueben estas mociones. Lamentablemente, no ha podido ser aprobada en Castelló de la Plana, donde fue promovida por la alcaldesa, Amparo Marco, y el vice-alcalde, Enric Nomdedeu; pese al apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la negativa de Ciudadanos lo impidió a última hora, pues se requería la unanimidad. Este hecho nos ha permitido tomar nota de quién apoya los intereses de todos los valencianos y quién no, a pesar de la retórica que utilizan algunos políticos para ocultar lo inocultable.

También diversas instituciones, como la Diputación Provincial de Valencia, la Facultat de Dret de la Universitat de València, el Ateneo Mercantil, Lo Rat Penat, Abuelos por la Custodia Compartida de la CV, Valencia Plaza… ha apoyado el Manifiesto; por su parte, el Colegio de Abogados de Valencia ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, la retirada de los recursos planteados por él mismo contra la Ley de Uniones de Hecho y por Rodríguez Zapatero contra las leyes valencianas de Régimen Económico Matrimonial y Custodia Compartida.

Asimismo, Compromís ha planteado sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en el Congreso y en el Senado, mientras que el Partido Popular y Compromís lo han hecho también en Les Corts Valencianes, donde previsiblemente se debatirán y aprobarán este mismo mes de abril. Desde la AJV confiamos en que se aprueben ambas, o bien se llegue a un texto consensuado, y que se obtenga el respaldo absoluto de toda la Cámara.

Para ello, pedimos a Ciudadanos que estudie este tema con prontitud; nos ponemos a disposición de Alexis Marí, síndic del grupo parlamentario en les Corts, para comentar cuantos extremos necesite para alcanzar la deseada unidad en defensa de los intereses valencianos. No parece que la abstención por sistema sea la característica de la nueva política, ni que un partido que dice tener espíritu valenciano pueda borrarse de un debate como éste.

Por último, nos parece especialmente significativa la Declaración institucional del Consell del pasado 1 de abril en defensa de la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de Derecho Civil Foral Valenciano, en la que se insta al Gobierno de España, en términos muy amplios, a la retirada de los recursos. Un hecho como éste debería hacer reflexionar a más de uno sobre la procedencia de una petición como la que recoge el Manifiesto de la AJV.

Desgraciadamente, llegan noticias desde Madrid que anuncian una sentencia inminente (posiblemente, esta misma semana) del Tribunal Constitucional que nos devolvería, en esta materia, al año 1982 y que borraría de un plumazo la reforma estatutaria del año 2006.

Resulta llamativo, en primer lugar, que el fallo vaya a conocerse casi ocho años después de la interposición del primer recurso, pero justo cuando se ha alcanzado un nivel de movilización de la sociedad valenciana sin precedentes, por los datos que dábamos al principio. Sería un golpe directo a la yugular de nuestro autogobierno en el mismo momento en que la conciencia del peligro empieza a extenderse entre las gentes de nuestra Comunitat.

Quizá nos lo merezcamos: ahora mismo, no hay un solo magistrado valenciano en el Tribunal Constitucional que pueda explicar de forma adecuada la cuestión; tampoco hay un ministro valenciano en el Consejo de Ministros, con las mismas consecuencias. Hoy urge más que nunca el plantearse esta imperceptibilidad de la Comunitat Valenciana (el 12% de la población española, recordamos) y sus intereses en Madrid, donde éstos son sistemáticamente preteridos y olvidados sin ninguna consecuencia aparente.

Ustedes, señoras diputadas y señores diputados, son nuestra última esperanza. Este martes van al Congreso a pedir nuevamente que se tramite la reforma estatutaria que ha de establecer una inversión del Estado central en la Nacionalidad Valenciana acorde a su peso poblacional. Es decir, van a pedir algo que es obvio. Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen, ni será la última. Hace más de cinco años que la reforma está pendiente. Solo este hecho debería hacerles reflexionar sobre la eficacia de sus actos y la acogida que tienen en Madrid.

Pero a nosotros nos interesa poner el énfasis en esa otra columna de nuestro autogobierno que, hoy más que nunca, está en un riesgo evidente. Tememos que en el intento, baldío de momento, de vestir un santo (conseguir una mejor financiación), desvistamos otro que ya es plenamente funcional (ejercitar en plenitud la competencia sobre el derecho civil valenciano).

Una declaración de inconstitucionalidad de las leyes hasta ahora aprobadas produciría un gran aumento de la litigiosidad en la Comunidad, tal y como ha indicado el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: podría afectar a más de 250.000 valencianos casados en separación de bienes desde el 1 de julio de 2008; a más de 15.000 parejas, y abuelos, que comparten la crianza de sus hijos o nietos, y a más 25.000 valencianos que conviven como Unión de Hecho.

Aunque, en realidad, una posible inconstitucionalidad nos afectaría a los cinco millones de valencianos, que solo aspiramos a lo que ya tienen navarros, aragoneses, vascos, catalanes, baleares y gallegos: la competencia para regular, de manera razonable y en consonancia con los valores constitucionales, nuestra vida civil.

Somos conscientes de que la responsabilidad de esa posible inconstitucionalidad recaería, en primer lugar, en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ha mostrado la más mínima predisposición al diálogo en esta materia, en contraste con la actitud del PPCV, que ha apoyado la iniciativa desde el primer momento. Es otro síntoma de esa falta de conexión entre los agentes políticos de nuestra tierra y los que, en última instancia, toman las decisiones en Madrid.

Echando un vistazo a las hemerotecas, recordamos que Esteban González Pons, cabeza de cartel al Congreso de los Diputados en las elecciones que le dieron la presidencia a Rajoy, prometió que estos recursos de inconstitucionalidad se retirarían al alcanzar el poder, por considerar que tenían una finalidad espuria de obstrucción política frente al Gobierno autonómico valenciano. No era nada extraño: habitualmente se han retirado estos recursos mediante pactos políticos con andaluces, catalanes y vascos. Pero, lejos de alcanzarse dicha retirada, el nuevo gobierno (con 20 diputados valencianos en sus filas, claves para la mayoría absoluta) añadió un tercer recurso a los dos que interpuso el de Rodríguez Zapatero.

Pero hay una segunda responsabilidad, más allá de la de un presidente del Gobierno que se ha servido de los valencianos cuando le ha interesado, para luego abandonarlos a su suerte (como otros antes). Y es la de todos nosotros, los que vivimos en esta Comunidad, y, por motivos obvios, la de ustedes, los 32 diputados y diputadas que nos representan en el Congreso español. Les pedimos que se tomen en serio esta cuestión, porque es una forma de tomarse en serio nuestro autogobierno y nuestra dignidad como valencianos. Algunos ya lo han hecho. Pero, por favor, ¡muéstrense unidos! Nos va mucho en ello.

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Porque una posible declaración de inconstitucionalidad de la competencia de la Generalitat para legislar sobre derecho civil sería, a nuestro juicio, una segunda derrota de Almansa, derrota que lamentablemente volveríamos a conmemorar, que no celebrar, el próximo 25 de abril. Desde hace casi 309 años esperamos una solución definitiva a esta herida abierta por la injusta abolición de los Furs en 1707. Y si hay algo de lo que estamos seguros, es de que sólo juntos podremos conseguirlo. Acabemos de una vez con el último efecto jurídico del decreto de nueva planta que, para vergüenza nuestra, aún permanece entre los valencianos. Nos tienen a su disposición para llevar adelante esta lucha; estamos detrás de ustedes, apoyándoles. Pero, por favor, no nos defrauden, no permitan una nueva desfeta tanto tiempo después. Otra vez Almansa no, definitivamente.

Suscriben este artículo los miembros de la Associació de Juristes Valencians: Juan Añón Calvete, advocat; Federico Arnau Moya, professor de Dret Civil de la UJI; José Bonet Navarro, catedratic de Dret Processal de la Universitat de València; José-Ramón Chirivella Vila, advocat; Vicente Clemente Torres, advocat; Vicente Domínguez Calatayud, registrador de la Propietat; José Luis Espinosa Calabuig, advocat; Lorena Ferrandis Navarro, advocada; Luis Miguel Higuera Luján, advocat; Joaquin Ivars Ruiz, advocat; Francisco Javier Palao Gil, professor de Hª del Dret de la Universitat de València; José-Maria Riera Rupérez, ingeniero de caminos; Inmaculada Roldán Torres, advocada; Javier Plaza Penades, catedratic de Dret Civil de la Universitat de València; José Soriano Poves, advocat.

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