Nuestro derecho civil, nuestra vida

El pasado día 31 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó, con la sola abstención de Ciudadanos, la moción para pedir al Gobierno español la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes civiles promulgadas por la Generalitat (ley de régimen económico matrimonial, de custodia compartida y de parejas de hecho). Se sumaba con ello a las ya aprobadas por una cuarentena de Ayuntamientos de la Comunidad, regidos por distintas mayorías de gobierno. El día 1, el Consell hizo una declaración institucional en el mismo sentido. La Universidad de Valencia, el Colegio de Abogados o entidades como Lo Rat Penat se han sumado a la misma iniciativa, impulsada por la Associació de Juristes Valencians. Una petición -ésta si- verdaderamente transversal de la sociedad valenciana, ajena a colores políticos y vinculada a una voluntad de autogobierno y de autorregulación social que es perfectamente compatible con la unidad política y que tiene un razonable anclaje constitucional.

Los recursos cuya retirada se pide se fundamentan en la extralimitación de la competencia de la Generalitat en materia civil, haciendo una interpretación más que discutible del art. 149.1.8ª CE que, entre otras cosas, salta por encima de diversos artículos de nuestro Estatuto, nunca impugnados, que la recogen expresamente. Quisiera afirmar que si los recursos prosperan, ese artículo de la Constitución hará decir para Valencia lo que, de hecho, parece no decir para otros territorios. ¿Puede sostenerse que el Derecho Civil es competencia exclusiva del Estado cuando Cataluña tiene un Código Civil propio y cuando existen regulaciones civiles cada vez más extensas en Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón o Baleares? ¿Puede afirmarse que el Derecho civil autonómico es fruto de la conservación, modificación o desarrollo del previo derecho foral, cuando incide sobre materias que ningún reconocimiento tenían en ellos (como las uniones de hecho heterosexuales y homosexuales) o que directamente regulaba el Código Civil o las leyes especiales (como la de Propiedad Horizontal)? ¿Nos dirá el Tribunal Constitucional que la Comunidad Valenciana sólo puede legislar sobre costumbres, según ya nos dijo en la STS 121/1992, cuando Galicia tiene vigente una ley civil propia (Ley 2/2006) de más de 300 artículos, que nada tiene que ver con su antigua Compilación o con ningún derecho consuetudinario propio y probado?

Con todo, el ciudadano de a pie queda muy lejos de los problemas competenciales e, incluso, del discurso de agravios. Salvo concretos momentos de efervescencia política, esas discusiones parecen confinadas a los círculos del poder. Y sin embargo es de la vida real, de nuestra vida cotidiana, de lo que estamos hablamos. La estimación de los recursos por falta de competencia (esto es, al margen del contenido regulatorio de las propias leyes), tendrá incidencia inmediata en el día a día de los valencianos.

Al día siguiente de publicarse en el BOE una Sentencia que declare hipotéticamente la inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico, nueve años después de su aprobación, los valencianos volverán a casarse bajo el régimen de gananciales salvo que pacten otro en capitulaciones. Los que se hubieran casado durante la vigencia de la Ley anulada, lo seguirán estando en régimen de separación de bienes, pero no bajo la regulación de ésta (que es su propio régimen jurídico), sino bajo la del Código Civil. Ese mismo día, los Tribunales ordinarios tendrán que seguir decidiendo el régimen de convivencia de los hijos de parejas separadas o divorciadas conforme a la también recurrida, pero todavía no fallada, Ley 5/2011 de relaciones familiares (custodia compartida), que antes o después se declarará inconstitucional.

Si el Tribunal anula la LREM, los valencianos perderemos la posibilidad de conformar, por ejemplo, un patrimonio propio y otro común o familiar, nutridos ambos con las ganancias obtenidas durante el matrimonio, sin necesidad de pactar capitulaciones (art. 38.1.II). Perderemos la regulación específica de la indemnización del trabajo para la casa, con determinación de cuándo procede o no y de cómo se cuantifica (arts. 14 y 15), y volveremos a estar sujetos a las decisiones no regladas de los jueces sobre esta materia (art. 1438 CC). Veremos reducido el deber de contribución a las cargas familiares, porque el Código Civil prefiere crear patrimonios comunes y vinculaciones patrimoniales antes que expandir los deberes de solidaridad interpersonal que genera el matrimonio. Desaparecerá la posibilidad de exigir compensaciones por la vivienda propia adjudicada al otro cónyuge en proceso matrimonial.

Las leyes abrieron la puerta a que, dando satisfacción a una reivindicación histórica, los valencianos pudiéramos decidir sobre nuestras relaciones civiles. Se trata, de un problema de competencia; pero, sobre todo, de la vida cotidiana.

Luis-Miguel Higuera Luján es abogado. Socio de l’Associació de Juristes Valencians. Vocal de la Comisión de Codificación Civil Valenciana.

logo_elmundo

Los comentarios están cerrados.