UNA SENTENCIA DECEPCIONANTE

Según se temía, el Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia anulando  la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y laminando con ello la competencia de la Generalitat en materia civil. El Tribunal no entra en el contenido de la Ley, más allá de identificar la materia regulada para concluir que, no estando conectada con costumbres forales vigentes al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, queda reservada a la exclusiva competencia del Estado.

La Sentencia, no por esperada, deja de producir profunda decepción. Decepción jurídica, pues a poco que se analice se advierte la debilidad de sus argumentos, resaltada si se comparan con el Voto Particular discrepante del Magistrado Sr. Xiol –no lo olvidemos, expresidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo- Decepción y preocupación política, porque crea un problema donde no lo había, rompiendo el acuerdo entre todos los partidos que aprobaron el Estatuto de Autonomía de 2006, que fueron todos los del arco parlamentario valenciano y español (otra cosa es la debilidad del PSPV y del PPCV para influir en sus cúpulas estatales y protegerse del “fuego amigo”). Causa profunda decepción desde una perspectiva histórica, porque trescientos años después los valencianos hemos vuelto a perder nuestra capacidad de autorregulación civil por una doctrina constitucional que prefiere enlazar con las consecuencias de un insostenible derecho de conquista, antes de hacerlo con el principio democrático que cristaliza en la aprobación de una norma del máximo rango constitucional como es un Estatuto de Autonomía.

recuadroInmutable, como ocurre con las frases esculpidas en mármol, el Tribunal ha vuelto a repetir lo que ya dijo en la STC 121/1992: que la Comunidad Valenciana, no teniendo derecho foral escrito que estuviera vigente al tiempo de promulgarse la Constitución, sólo puede legislar sobre el derecho consuetudinario cuya vigencia en ese mismo momento pueda probar. Para el Tribunal, da igual que los constituyentes, separándose de todos los precedentes históricos en la materia (desde la Ley de Bases de 1888 hasta la Ley de Reforma del Título Preliminar del Código Civil de 1974), no hayan utilizado expresiones indicativas de la efectiva y actual vigencia de los Derechos Forales (“donde subsiste” o “donde hoy existe” o “están vigentes”) y hayan elegido una expresión más abierta, en modo subjuntivo (“allí donde existan”); da igual, porque supuestamente quiere decir lo mismo. Pero da también igual que en 2006 se haya aprobado una reforma estatutaria que, integrada en el llamado “bloque de constitucionalidad”, establece que la competencia en esta materia (art. 49.1.2 EACV) se ejercerá por la Generalitat “a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza al amparo de la Constitución Española” (Disposición Transitoria Tercera EACV); da igual porque, aun habiendo reconocido para Cataluña que la Disposición Adicional Segunda de la Constitución permite la actualización del derecho privado histórico como objeto de la competencia autonómica (STC 31/2010), en el caso valenciano esa misma recuperación y actualización viene referida al derecho consuetudinario, único foral con el que la Comunidad cuenta (¿es posible recuperar y actualizar un Derecho que debe estar vigente, según ha dicho antes?). Por supuesto, da igual que entre 1992 y 2016 la realidad legislativa civil española haya cambiado radicalmente, de modo que los antiguos derechos forales hayan desaparecido como meras especialidades fragmentarias de una legislación sustancialmente unitaria para convertirse en verdaderos Códigos de Derecho Civil Autonómico; da igual, porque el Tribunal sigue hablando de las “materias conexas”, con el ridículo resultado de que el “tronco conectante” (el derecho foral compilado) sea en torno al 10% de la regulación ahora aplicable, y las “materias conectadas” abarquen el 90%. o más. Modestamente, siempre he sostenido que aquí se ha producido una inevitable mutación constitucional, cuyo resultado es el tránsito de los Derechos civiles forales –que entendidos como excepción al sistema civil general, prácticamente han desaparecido- al Derecho civil autonómico que pretendió excluirse, y es lo que hoy tienen en gran parte las regiones con antigua foralidad civil.20150415112331593_0001

La Sentencia, más allá del objeto concreto del recurso (para nosotros esencial), abre muchos y preocupantes interrogantes. El primero y fundamental: si los valencianos queremos recuperar definitivamente esta competencia, ¿tendremos que modificar la Constitución, cuando cabe perfectamente en ella, como demuestra el Voto particular? ¿Puede el Tribunal constreñir de esta manera el proceso político decidido en parlamentos legítimos? ¿Cuál es la naturaleza y función de la jurisdicción constitucional?. Porque tan cierto como que la Constitución es norma jurídica, es también que “juridifíca” una realidad política. ¿Puede el TC ignorarla, petrificando una concreta jurisprudencia que ni es la única posible, ni la mejor, y que resulta contradictoria con ese “bloque de la constitucionalidad” vigente?. En nuestro caso particular, ¿puede el Tribunal vaciar de contenido determinados preceptos estatutarios que, por no estar recurridos, no están sometidos a su jurisdicción? ¿Y puede hacerlo cuando, además, declina autoplantearse la cuestión, como bien denuncia el magistrado discrepante?. Creo ilustrativo transcribir las siguientes palabras de otro exmagistrado del TC, don Carlos Viver Pi-Sunyer, en el Voto Particular a la STC 88/1993: “Ciertamente los Estatutos de Autonomía deben interpretarse conjuntamente con la Constitución e incluso a la luz de la misma, pero cuando la Constitución permite una interpretación realizada por un Estatuto, es decir, cuando el legislador estatutario ha establecido un entendimiento de la Constitución no contrario al texto constitucional, esa interpretación debe ser cuando menos tenida en cuenta al realizar el juicio de constitucionalidad”. Este magistrado y catedrático estaba en el año 1993 en el Tribunal Constitucional; hoy está dirigiendo la hoja de ruta del independentismo catalán. Habrá que preguntarse porqué.

Luis-Miguel Higuera Luján.

Abogado. Vocal de la Comisión de Codificación Civil Valenciana

Miembro de la Associació de Juristes Valencians

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