Entrevista a Vicente Dominguez

Entrevista a Vicente Dominguez Calatayud, Miembro de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación,
Coordinador de la Comisión de Codificación Civil Valenciana y del Observatorio de Derecho Civil Valenciano, Registrador de la Propiedad y Miembro de la Asociación de Juristas Valencianos.

Estamos con Vicente Domínguez Calatayud quien ha vivido en primera línea el problema de la competencia de la Generalitat para elaborar leyes valencianas de Derecho civil como las leyes de régimen económico matrimonial, la conocida como de custodia compartida, la de uniones de hecho y la de contratos agrarios, las tres primeras recurridas por los gobiernos del PSOE y del PP ante el Tribunal Constitucional que el pasado 28 de abril dictó sentencia del Pleno declarando la inconstitucionalidad de la primera de ellas y, consecuentemente, anulándola en su totalidad.

Ha vivido la cuestión en primera línea por su condición de coordinador de la Comisión de Codificación Civil Valenciana y del Observatorio de Derecho Civil Valenciano desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 hasta la fecha, con los gobiernos del PP y ahora con el del PSOE-Compromís. Es un jurista que ha servido su profesión de registrador de la propiedad siempre en la Comunidad Valenciana, actualmente en Altea, pertenece a l´Associació de Juristes Valencians y es académico de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación en la que ingresó en el año 2000 con un discurso que llevaba precisamente por título “Desde los Fueros de Jaime I al Derecho civil valenciano”.

La materia sobre la que queremos que nos hable es esencialmente jurídica, aunque colinde con el mundo de las decisiones políticas. Es una materia jurídica enormemente compleja que podría resultar árida para la mayoría de los lectores, pero que nuestro entrevistado intentará aproximar y hacer comprensible para todos ya que es esencial que los valencianos, todos los valencianos, la conozcan puesto que con ella se decide, no sólo la dosis de autogobierno que nuestra Generalitat puede ejercer, sino también la cantidad de identidad valenciana que cabe dentro de nuestra Constitución y es que una Ley que forma parte inescindible e inseparable de la identidad valenciana acaba de ser declarada inconstitucional, y por ello nula en su totalidad, por el Tribunal Constitucional. El propio autor va a desarrollar el estado de la cuestión a lo largo de una serie de preguntas que se formula a sí mismo y nos responde.

P: ¿Por qué es tan importante el Derecho civil valenciano para la identidad de los valencianos?:

VDC: El Derecho civil es el que regula las relaciones de las personas entre sí en pie de igualdad, relaciones de matrimonio, de familia, lo relativo a la organización de nuestro patrimonio durante nuestra vida y también para después de nuestra muerte; es un Derecho que, en su mayor parte, está regido por nuestra libre voluntad, no es un Derecho impuesto por el Estado, como puede serlo el Derecho que regula los delitos y faltas o la exacción de los impuestos, sino que es un Derecho acordado por los ciudadanos o libre y unilateralmente decidido por cada persona, en definitiva, es un Derecho regido por la autonomía de la voluntad en función de las necesidades reales de las personas y de sus circunstancias. Al ser creado por el pueblo en su día a día contiene las señales de la identidad de ese pueblo, como la lengua creada también por los ciudadanos en su cotidianidad para entenderse entre ellos. Se puede decir que Lengua y Derecho contienen el ADN de un pueblo.

Es por eso que los pueblos han tenido siempre su propio Derecho civil, el que iban elaborando sus habitantes en su día a día que luego los poderes públicos, con bastante fidelidad, recogían en leyes. Eso ha sucedido con todos los pueblos que han habitado en España desde tiempos remotos con una excepción, la del pueblo valenciano al que dos Decretos, uno de 29 de junio y otro de 29 de julio, ambos de 1707, le suprimieron su propio Derecho civil, el contenido en els Furs, en su totalidad, tanto las leyes forales civiles escritas, como las costumbres forales que fueron sustituidas íntegramente por las leyes escritas y las costumbres castellanas. Esa abolición fue el castigo que Felipe V impuso a los valencianos y sólo a los valencianos por alinearse con las pretensiones dinásticas del Archiduque Carlos. Aunque aragoneses, catalanes y mallorquines, los territorios de la Corona de Aragón, apoyaron al Archiduque, ninguno de esos territorios se vio definitivamente privado de su propio Derecho civil, el único fue el valenciano y lo fue por derecho de conquista militar y en aplicación del absolutismo monárquico.

P: ¿Cómo respondieron los valencianos a ese castigo?:

VDC: Hay que imaginar la situación, los principales operadores jurídicos valencianos de la época dejaron su profesión ante la contundencia de la medida: los notarios huyeron masivamente hacia Cataluña, que mantenía su Derecho propio tan parecido al valenciano abolido y los magistrados fueron sustituidos por otros procedentes de la Audiencia de Granada, especialistas en la aplicación del Derecho castellano. Las gentes vivieron una época muy confusa y desconcertante en sus relaciones jurídicas privadas. Los responsables políticos valencianos pidieron reiteradas veces la devolución de els Furs y el Rey estuvo a punto de acceder, pero finalmente no accedió. La sociedad civil no estaba organizada, ni era una época con cauces democráticos de expresión y participación y la abolición fue realmente contundente. No obstante, hay que decir que siempre que los valencianos hemos tenido ocasión de expresarnos con libertad, hemos pedido nuestro Derecho civil. Lo pedimos en la II República y lo hemos vuelto a pedir tras la aprobación de la vigente Constitución de 1978 con los dos Estatutos de Autonomía, el de 1982 y el de 2006, con estas leyes civiles y con iniciativas de la sociedad civil, como el Manifiesto del Colegio de Abogados de Sueca, el Manifiesto por la reintegración foral civil de 2004, ampliamente secundado por las instituciones valencianas y con el Manifiesto por la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra nuestras leyes civiles promovido por la AJV que ha sido secundado por más de 70 Ayuntamientos y diversas instancias políticas y de la sociedad civil, los 70 Ayuntamientos adheridos al Manifiesto representan a más de dos millones y medio de valencianos. No se puede decir que los valencianos seamos indiferentes al problema de nuestro Derecho civil foral, todo lo contrario.

P: Ante esa reivindicación valenciana, ¿cómo reaccionó el Estado?.

VDC: La primera reacción fue recurrir ante el Tribunal Constitucional nuestra Ley de Arrendamientos Históricos. Esa Ley se dictó como  consecuencia de los siguientes antecedentes: en 1982 se aprueba nuestro primer Estatut de Autonomía que aborda el problema de nuestra competencia legislativa civil como si no hubiera habido abolición foral en términos equivalentes a como la abordaron los Estatutos vasco, catalán, aragonés, gallego, navarro o balear. Aquel Estatut atribuía a la Generalitat Valenciana competencia exclusiva para conservar, modificar y desarrollar el Derecho civil valenciano y en cuatro artículos más se refería al Derecho civil valenciano, ninguno de los Estatutos citados contenía tantas referencias a su Derecho civil. Pero como nosotros, a diferencia de las CCAA a cuyos Estatutos me acabo de referir, no teníamos Derecho civil propio compilado cuando entró en vigor la Constitución, se plantearon dudas sobre el encaje constitucional de la asunción de la citada competencia y para despejarlas pocos días después el Estado dictó la Ley Orgánica de transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias de titularidad estatal, la conocida como LOTRAVA. Transferida la competencia del Estado para la elaboración del Derecho civil valenciano, los valencianos hicimos la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos.

Como le decía, esa Ley fue recurrida ante el TC por el Gobierno.

P: Y ¿qué dijo el TC?.

VDC: el TC efectuó su juicio de constitucionalidad sobre la referida Ley en la sentencia 121/1992, de 28 de septiembre y en ella vino a decir lo siguiente: que la Generalitat Valenciana tenía la competencia legislativa civil por transferencia del Estado y que la finalidad de esa transferencia fue la tutela de la foralidad civil valenciana de acuerdo con el criterio de distribución de la competencia entre el Estado y las CCAA plasmado en el artículo 149. 1. 8ª de la Constitución. El TC a la hora de explicar cuál era esa foralidad civil valenciana tutelable la refirió a las costumbres forales que procedentes de la época foral pervivieran entre nosotros. De manera que, una vez superada la complicada prueba de la existencia de esa costumbre foral, de su ámbito geográfico de vigencia y de la regulación que efectuaba, el ejercicio de la competencia consistiría en elevar la costumbre a rango de ley de les Corts cuya validez exigía no superar el ámbito geográfico de la costumbre, que suele ser local o comarcal, y recoger con absoluta fidelidad el régimen regulador de esa costumbre. Como la Ley de Arrendamientos Históricos, salvo en algunas cuestiones de orden procesal, se ajustaba a esos requisitos, el TC reconoció su constitucionalidad aunque anuló los preceptos de la Ley referidos a las cuestiones procesales cuya vigencia consuetudinaria no se pudo probar.

P: Así pues, la sentencia 121/1992 del TC tras reconocer la titularidad competencial para legislar en Derecho civil a la Generalitat limitó el ejercicio de esa competencia a dictar leyes que recogieran costumbres de un pretendido origen foral.

VDC: Así fue y así sigue siendo tras la sentencia del pasado 28 de abril. La costumbre es la segunda norma jurídica detrás de la ley a la que no puede contradecir ni derogar. La costumbre es creada por el pueblo, por el conjunto de la gente, mediante la repetición de conductas y tiene como ventajas la espontaneidad y la gran adaptabilidad a las circunstancias; de hecho esa espontaneidad y esa adaptabilidad hacen que la costumbre tenga ámbitos geográficos bastante localizados y reducidos pues responde a circunstancias que son cambiantes de un lugar a otro

Para crear la costumbre no sólo hace falta la reiteración de conductas que resuelvan problemas no previstos por la ley (las conocidas como costumbres “praeter legem”), o problemas cuya solución la ley deja en manos de la costumbre (costumbres “secundum legem”), sino que hace falta un elemento sicológico en quienes practican esas conductas constitutivas de la costumbre consistente en que desenvuelvan sus conductas con la intención de obligarse los unos con los otros mediante ellas, con la intención de crear un Derecho que les vincule, el Derecho consuetudinario.

En resumen, la costumbre la crea el pueblo de una manera espontánea y muy adaptada a sus circunstancias y problemas locales que pretende resolver con la voluntad de quedar obligados por ella de suerte que invocándola puedan ser exigidos derechos y reclamado el cumplimiento de obligaciones siempre que con ello no se contradigan leyes vigentes y aplicables al caso.

Las costumbres ya las teníamos los valencianos antes de la transferencia, lo que en realidad se nos transfirió fue la competencia para elevar nuestras costumbres civiles, pretendidamente forales, a rango de leyes y así hacerlas de aplicación preferente en cuanto a las materias reguladas por ellas respecto a las leyes del Estado siempre que la ley resultante de tal elevación se refiriera al ámbito geográfico localizado en el que se observara la costumbre elevada a ley y que ésta, la ley así elaborada, recogiera estrictamente el contenido regulador, el régimen al que la costumbre obligaba.

Al elaborar esas leyes, la Generalitat habría tomado una decisión sobre la aplicación y eficacia de las normas jurídicas que es, en todo caso, una materia reservada exclusivamente al Estado por el art. 149. 1. 8ª CE. Ésta es la primera objeción que cabe hacer.

Por otro lado, la costumbre tendrá el rango subordinado a la ley que tiene, pero tiene la virtud de la espontaneidad y también la de la adaptabilidad e inmediatividad a las circunstancias y problemas que resuelve porque es el pueblo en su día a día y sin más trámites que el acuerdo entre las partes el que la crea; sin embargo esa misma costumbre elevada a Ley se petrifica dados los complejos trámites parlamentarios para su modificación y la dificultad del acuerdo entre los partidos dados sus legítimos intereses partidistas raras veces coincidentes.

Convertir la costumbre en ley no es fácil desde el punto de vista de la aplicación de la ley resultante que siempre puede terminar no coincidiendo ni con el régimen de la costumbre tan arraigada, ni con su ámbito geográfico tan localizado, ya que las leyes de les Corts tienden a establecer un régimen jurídico uniforme aplicable en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.

Y, en fin, decidir qué costumbre se eleva de rango formal para convertirla en Ley es una cuestión que exige una gran finura y prudencia políticas. Porque hay materias e instituciones para las que es la costumbre y no la ley la mejor forma de establecer su régimen jurídico; ¿alguien duda de que la pesca en la Albufera o el Tribunal de las Aguas están mejor regidos por sus seculares costumbres que por una ley aprobada por les Corts?, ¿alguien cree que elevar la costumbre de esa práctica o de esa institución a rango de ley desplazaría la preferente aplicación de alguna ley del Estado?, ¿alguien cree que la importancia que se le ha dado al Dret Civil Foral Valenciá en nuestros Estatutos de Autonomía es para que éste quede circunscrito y constreñido al ámbito estrictamente agrario dominantemente regulado por leyes imperativas tanto del Estado como de la UE?, ¿alguien cree que con la interpretación de la transferencia que hace el TC el Estado nos ha transferido algo?; no olvidemos que los arts. 31. 17. del Estatut de 1982 y 49. 1. 17º del Estatut de 2006  ya recogían como de la competencia exclusiva de la Generalitat las siguientes materias: pesca en aguas interiores, marisqueo, agricultura, caza y pesca fluvial y lacustre. ¿Alguien cree que tiene sentido decir que una transferencia transfiere la ya asumido por los dos Estatuts?.

P: ¿Qué pasó tras esa sentencia?.

VDC: dos años después de la sentencia, se reformó el Estatut por Ley Orgánica de 1994 que le añadió la Disposición Adicional Tercera en la que se decía que todas las competencias transferidas por el Estado eran asumidas por el Estatut con plena legitimidad. Se trató de una confirmación de la competencia que se podría ejercer ya sin el control que el Estado se reserva en toda transferencia competencial. Congruentemente con ello, pocos días después, en el mismo mes de marzo de 1994, se dictó otra Ley Orgánica que derogaba la LOTRAVA porque, tras la asunción estatutaria, era totalmente innecesaria.

P: Con la interpretación del alcance de la competencia legislativa civil de la Generalitat hecha por la sentencia del TC, la 121/1992, ¿dictó Ésta otras leyes civiles?.

VDC: ninguna más, realmente no se pudo elaborar ninguna otra Ley de Derecho civil foral valenciano. Fue muy difícil probar la existencia de costumbres procedentes de la época foral, las que se encontraron que pudieran merecer, a los solos efectos didácticos, esta consideración tenían un ámbito geográfico muy reducido y establecían un régimen jurídico muy impreciso y variado de suerte que convertir esas costumbres en leyes privaba a su regulación de la elasticidad y adaptabilidad que les permitió subsistir y chocaba frontalmente con la nota de generalidad propia de las leyes; una ley no se puede hacer, técnicamente no se debe hacer, para establecer un régimen jurídico en una determinada zona de la Comunidad, régimen que es distinto en otras zonas; las leyes, técnicamente hablando, tienden, por su propia naturaleza, a establecer regulaciones jurídicas uniformes en todo el territorio de la Comunidad que en eso consiste la nota de generalidad a la que antes me referí. Por otro lado, la Constitución y el Estatut hacen un diseño de lo que es legislar, elaborar o hacer leyes, que nada tiene que ver con elevar a rango de ley costumbres locales o comarcales, previa prueba de su existencia, respetando milimétricamente el contenido dispositivo de tales costumbres y su ámbito geográfico de observancia. Por último, con buena voluntad y a efectos puramente didácticos, insisto en ello, las costumbres que se localizaron, las que podrían haber dado pie al ejercicio de la competencia tal como la diseñó el TC, se referían a las relaciones de vecindad entre los campos, el “espigolar” que es el derecho a recoger los frutos de un campo una vez que el propietario hubiera levantado la cosecha, la pesca en aguas interiores, especialmente en la Albufera, el testamento mancomunado entre cónyuges que estaba prohibido, como tal testamento mancomunado, por el Código civil lo que hacía imposible legislar sobre él y lo referido al Tribunal de las Aguas, institución secularmente regida por sus propias costumbres cuya conversión en Ley sería un verdadero error jurídico y político porque lo desnaturalizaría. Como se puede ver, la interpretación del TC producía el efecto de vaciar la competencia, de dejarla sin posibilidad de ejercicio como tal competencia legislativa civil porque la pesca en aguas interiores y la agricultura ya fueron y son competencias asumidqs en exclusiva por la Generalitat Valenciana en virtud de la regla 17ª del apartado 1. del artículo 31 del Estatut de 1982 y del art. 49 del Estatut de 2006.

P: Aparte este efecto que debe ser entendido como indeseable,¿ la sentencia tenía algún otro aspecto del que se pudiera discrepar?.

VDC: además de esa consecuencia efectivamente indeseable, porque vaciar una competencia transferida de tal importancia para los valencianos es difícilmente entendible, hay algún otro planteamiento en la sentencia que no resulta del todo comprensible. Antes de exponer esos aspectos de la sentencia difícilmente suscribibles, quiero decir que manifestaré mi discrepancia desde el acatamiento que merece al Alto Tribunal en cuanto supremo intérprete de la Constitución, pero la lógica y el rigor jurídicos nos vinculan a todos y desde esos puntos de vista es, precisamente, desde los que me atrevo a discrepar. Discrepo de que el TC con su interpretación haga perdurar los efectos de la abolición foral hasta nuestros días contra la clara voluntad democráticamente expresada de los valencianos; no es aceptable que las consecuencias realmente discriminadoras del ejercicio del derecho de conquista militar consumado por un monarca absoluto perduren bajo los principios y valores de una Constitución como la nuestra que es significativamente foralista, a diferencia de lo que fue nuestro constitucionalismo decimonónico y a diferencia del modelo de la Constitución de la II República que fue iuscivilista pero no foralista, y que, además de su novedoso e inequívoco foralismo, pretende la reparación histórica como lo demuestra su disposición derogatoria o su disposición adicional primera o el mismo artículo 149. 1. 8ª. No se puede abolir los efectos que pudieran perdurar hasta hoy de normas históricas que fueron el resultado de una victoria de españoles contra españoles en todas las demás comunidades autónomas y mantenerlos para Valencia. Esa desigualdad de trato es inaceptable valorada desde la misma Constitución.

P: Pero el TC interpreta precisamente el artículo 149. 1. 8ª…

VDC: Efectivamente, el TC acude al artículo 149. 1. 8ª de la Constitución que, como le dije, contiene el criterio constitucional de distribución de la competencia legislativa civil entre el Estado y las CCAA bajo el principio de tutela de la foralidad civil; pero es necesario hacer hincapié en algo bastante claro y es que cuando las Cortes de 1978 redactaron este artículo no estaban pensando en la Comunidad Valenciana, sólo pensaban en las CCAA que, a la entrada en vigor de la Constitución, tuvieran un Derecho civil especial o foral propio compilado y Valencia no lo tenía, esa fue y es la foralidad civil tutelable que Valencia no tenía; la tuvo, pero le fue abolida y los valencianos querían, quieren y querrán recuperarlo, como ha quedado claro antes. El modelo no resulta aplicable al singular caso valenciano que sufrió una abolición total de su propio Derecho civil foral. Si el artículo que le comento no se hizo pensando en el caso valenciano, no servirá para resolverlo máxime si se hace una interpretación rigurosamente literal del mismo desvinculada de la realidad valenciana, de las justas y muy leales aspiraciones de los valencianos y del espíritu foralista y de reparación histórica que, como antes le dije, anida manifiestamente en nuestro texto constitucional. Esa interpretación literal del artículo 149. 1. 8ª CE aboca a una perpetuación de los efectos discriminadores de los Decretos abolicionistas y ese resultado no es querido por la propia Constitución.

P: Sin embargo, con su interpretación, el TC sí que identificó la existencia de una foralidad civil tutelable, la foralidad civil valenciana consuetudinaria, las costumbres forales a partir de las cuales se puede ejercer la competencia.

VDC: Efectivamente, hay que reconocer el esfuerzo del Alto Tribunal para establecer ese punto de partida, hay que reconocerle un cierto grado de creatividad, creatividad insuficiente valorada desde la perspectiva de los resultados y desde el punto de vista de lo que, rectamente entendidos, exigen el foralismo y la reparación histórica que inspiran nuestra Carta Magna.

 

P: ¿A qué se refiere cuando habla de la creatividad del TC en la sentencia 121/1992?.

VDC: A que cabe considerar, cuanto menos, dudoso que se pueda entender como Derecho civil valenciano, como foralidad civil valenciana tutelable, el “Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros y hasta nuestros días, subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma”,  ya que el Decreto abolicionista de 29 de junio de 1707 ordenaba, literalmente, “…abolir y derogar enteramente todos los referidos Fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observados en los referidos Reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las Leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en Ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada” y el Decreto de 29 de julio de 1707 empieza diciendo: “Por mi Real Decreto de 29 de junio próximo fui servido derogar todos los Fueros, Leyes, usos y costumbres de los Reinos de Aragón y Valencia, mandando se gobiernen por las Leyes de Castilla…”. Consecuentemente, debemos de considerar que, tan derogados como el Derecho civil escrito de Els Furs, quedó derogada toda la costumbre de la época foral en su función de fuente del Derecho. Tras la abolición, la costumbre, como fuente del Derecho, quedó reducida, entre nosotros, a las conductas que merecieran la consideración de tal costumbre en el marco del Derecho castellano que pasó a aplicársenos íntegramente y, como tal, técnicamente, que es como se debe suponer que el Tribunal Constitucional se expresa en sus sentencias, esas costumbres eran costumbres de Derecho castellano y no costumbres forales porque els Furs abolidos ya no podían ampararlas como tales.

Así están las cosas cuando en 1889 se publica el Código Civil y los valencianos pasamos a regirnos por él; en cuanto a las costumbres, como resulta de su art. 1976,  quedaron derogadas las que los valencianos habíamos ido elaborando al amparo del Derecho castellano que sustituyó a els Furs, las costumbres del Derecho castellano que se nos trasplantó.

 La costumbre que, a partir de la entrada en vigor del Código civil, elaboramos los valencianos fue y es costumbre de Derecho civil común, tan común como el Código que esa costumbre interpreta y desarrolla, tan común como el Código que le reconoce el valor de fuente del Derecho, no siendo pues correcto predicar de ella la condición de Derecho civil foral valenciano como algo diferente del Derecho civil común, como si la equiparáramos a la costumbre catalana o aragonesa, las cuales se producen dentro de una Ordenamiento presidido por unas Leyes civiles propias que la reconocen y le dan valor, a esa costumbre, de fuente del Derecho civil catalán o aragonés.

Entre nosotros puede haber costumbres que, desde un punto de vista histórico y a efectos exclusivamente didácticos, quepa sostener que, procediendo de la época de los romanos o de los visigodos o de los musulmanes o traídas a nuestras tierras desde otras más lejanas y habiendo arraigado entre nosotros, sean “costumbres romanas o visigodas o árabes”, pero nadie creo que pueda sostener que esas costumbres constituyen, hoy en día, Derecho civil romano o visigodo o árabe, sino que sólo pueden ser y son costumbres de Derecho civil común, que es el Derecho civil que rige entre nosotros. Creo que lo mismo cabe decir de las costumbres que puedan pervivir entre nosotros, tengan un origen foral o más próximo.

Una costumbre de tiempos pretéritos, observada desde tiempo inmemorial es, material y formalmente considerada, parte del Derecho vigente que fija sus requisitos y reconoce su valor como fuente del Derecho. Si los valencianos no tenemos un Derecho civil autóctono, propiamente valenciano, porque nos fue abolido y tenemos el Código Civil que conforma el Derecho civil común, por oposición a los especiales o forales (balear, catalán, aragonés, navarro, vasco, gallego, etc.), los valencianos no tenemos un Derecho civil valenciano, ni escrito, ni, por lo mismo, consuetudinario, sino que nuestro Derecho civil escrito y consuetudinario es el Derecho civil común. No creo que se pueda negar la existencia de un Derecho civil valenciano de rango legal y admitir la existencia de uno de rango consuetudinario, cuando uno y otro nos fueron igualmente abolidos, o, mejor incluso, el consuetudinario nos fue abolido una vez, en 1707, y otra vez en 1889 cuando entró en vigor el Código Civil, aunque esta segunda vez mejor debiéramos hablar, quizás, de una pseudo abolición, toda vez que el Derecho castellano que nos fue aplicado después de la abolición foral se sucedió a sí mismo tras el proceso codificador que lo incorporó al Código Civil.

P: ¿Quiere decir que el TC “se inventó” la foralidad civil valenciana consuetudinaria para poder dar pie al ejercicio de la competencia por parte de la Generalitat?

VDC: Entiendo que sí toda vez que, como he pretendido demostrarle, me resulta claro que en el momento de entrar en vigor la Constitución no existía una foralidad civil valenciana tutelable, ni escrita ni consuetudinaria. Por ello, el Estado tuvo que transferir a la Generalitat su propia competencia legislativa civil sin consideración alguna a algo que carecía de realidad tanto en el Estado transferente, como en nuestra Comunidad receptora de la transferencia, la foralidad civil. Si el destinatario de la transferencia tuviera su propio Derecho civil especial o foral, escrito y/o consuetudinario, podría asumir estatutariamente la competencia sin necesidad de transferencia alguna, es decir, no al amparo del art. 150. 2. CE, sino al amparo del art. 149. 1. 8ª. CE. Si los valencianos, únicos a los que el Estado transfirió su propia competencia legislativa civil, hubiéramos tenido Derecho civil foral  consuetudinario cuando entró en vigor la Constitución, no habríamos necesitado la LOTRAVA, ni el origen de la competencia para conservarlo, modificarlo o desarrollarlo sería una transferencia al amparo del art. 150. 2. C.E,,  sino la asunción estatutaria que ya teníamos en el art. 31. 2. del Estatut de 1982 al amparo del art. 149. 1. 8ª C.E. Ninguna Comunidad Autónoma de las que tenían Derecho civil especial o foral al entrar en vigor la Constitución necesitó transferencia del Estado para ejercer la competencia que podían  asumir y de hecho asumieron en orden a la tutela de la foralidad civil en sus respectivos Estatutos, ni ninguna de las Comunidades que estuvieron históricamente en el ámbito de la Corona de Castilla, a las que se les aplicó sin aboliciones previas el Derecho castellano que se sucedió a sí mismo en la codificación civil, necesitaron transferencia ni asunción estatutaria de la competencia salvo para conservar ciertas especialidades de rango consuetudinario a las que hacen mención algunos Estatutos como los de Murcia, Asturias o Extremadura. Identificada de forma tan creativa la foralidad civil valenciana por el TC en las costumbres forales supervivientes, la LOTRAVA era innecesaria y por eso se produjo la asunción estatutaria de la competencia y la derogación de aquélla por sendas leyes orgánicas de marzo de 1994.

P: ¿Cambió este panorama el Estatut de 2006?.

VDC: Desde luego lo pretendió y demostró tal pretensión al aprobar, bajo su vigencia, las leyes civiles valencianas recurridas ante el TC, sin duda alguna una verdadera interpretación auténtica del alcance de la reforma estatutaria. El estatuyente de 2006 una vez comprobada la singularidad discriminadora de la realidad civil foral valenciana, el vaciado o estrangulamiento de la transferencia y de su asunción competencial  operado por la sentencia 121/1992, la línea de creatividad iniciada por nuestro Alto Tribunal al aceptar la existencia de una más que dudosa costumbre foral para dar efectividad a la transferencia, el foralismo y la perseguida reparación histórica que indudablemente inspiran nuestra Constitución, con el objetivo político de elevar nuestro techo competencial al más alto nivel y de lograr para nuestra Comunidad la condición de Nacionalidad Histórica, entre otras cosas por su Derecho civil foral, como resulta de su propio preámbulo, sigue la doctrina del TC hasta donde se produce el punto de estrangulamiento de la competencia e intenta superarlo profundizando en su “creatividad” con el objetivo compartido con el Alto Tribunal de dar máximo cumplimiento al foralismo, al historicismo reparador y a su trasunto la tutela de la foralidad civil como criterio de distribución competencial en materia de Derecho civil entre el Estado y las CCAA. Fruto de este planteamiento es el contenido de la Disposición Transitoria Tercera del Estatut y de su artículo 7 que definen el alcance y modo de ejercicio de la competencia exclusiva de la Generalitat para la conservación, desarrollo y modificación de su Derecho civil foral.

P: ¿Y qué es lo que resulta exactamente de esos artículos del Estatut de 2006.

VDC: Pues resultó que les Corts deberían inspirarse en la normativa de nuestros abolidos Furs para actualizar las instituciones forales y su régimen jurídico a los principios y valores constitucionales y a las necesidades reales y actuales de las valencianas y los valencianos. No significa, como se ha dicho en alguna ocasión, que renazcan o entren en vigor normas medievales, significa que aquel Derecho, el más perfecto técnicamente de los Derechos de la Corona de Aragón, inspire el ejercicio de la competencia, como si no hubiera habido abolición, acabando con sus efectos discriminadores, para dar lugar a las leyes civiles forales valencianas modernas que están cuestionadas ante el TC. No hay “foralitis”, como alguien dijo alguna vez, porque lo que hay es respeto al criterio de distribución de la competencia que no es otro que el de la tutela de la foralidad civil, hay deseo de equipararse a las CCAA con las que compartimos foralidad, hay pretensión de dar cumplida efectividad a una transferencia competencial, hay intención de cumplir con el foralismo constitucional y hay voluntad de hacer efectivo el historicismo reparador de la Constitución respecto de nuestra Comunidad en iguales términos que se ha hecho con las demás CCAA que tuvieron fracturas históricas rechazables desde los principios y valores constitucionales.

P: ¿Podía hacer el Estatut de 2006 lo que hizo con la competencia legislativa civil de la Generalitat?

VDC: Cuando la sentencia 121/1992 fija el alcance de la competencia legislativa civil de la Generalitat que colinda con la del Estado sobre la misma materia hace necesariamente una interpretación de la Constitución para perfilar el alcance de una y, por exclusión, de la otra. La Constitución reconoce una función idéntica a los Estatutos de Autonomía y por ello el Estatut de 2006 interpretó la Constitución al ejercer la función atributiva de competencias a la Comunidad que la Constitución le reconoce en el art. 147.2.d) y lo hizo, conforme con ya asentada jurisprudencia constitucional,  para favorecer la mayor concreción de las competencias que se correlacionan con las competencias estatales ya que puede haber problemas de delimitación entre unas y otras y sin impedir, en modo alguno, el despliegue completo de las funciones propias de la competencia estatal regulada en el art. 149. 1 CE. ¿Por qué hizo esto el Estatut?, porque el diseño de la competencia tal como queda tras la sentencia 121/1992 la hace irreconocible, la vacía, la estrangula. La cuestión es si al proceder así, el Estatut de 2006 invade competencias del Estado que no se pueden delegar y al mismo tiempo la competencia transferida mantiene su utilidad y significado. Para el TC si la competencia legislativa civil de la Generalitat sirve para algo que no sea redactar leyes agrarias invade competencias indelegables del Estado porque el Estado sólo puede transferir su competencia para tutelar la foralidad civil de la Comunidad beneficiaria, lo que es una gran contradicción porque si la Comunidad beneficiaria tiene foralidad civil tutelable podrá asumir la competencia sin necesidad de transferencia del Estado, de ahí que el Estado sólo pueda transferirla a quien carecía de foralidad civil preexistente a la Constitución. En el caso valenciano, único en nuestra Historia, tuvo esa foralidad que se le abolió y que los valencianos quieren recuperar al amparo de la Constitución. Ni la Comunidad Valenciana, ni el Estado tenían foralidad civil foral tutelable de ninguna clase, sin embargo, el Estado sí tenía la competencia legislativa civil que transfiere a la Generalitat y ésta, en armonía con la doctrina del TC, una vez transferida/asumida la orienta a la tutela de la foralidad civil en el Estatut de 2006 y en el mismo Estatut, para hacerla servible, intensifica la tutela de la foralidad civil en la línea que abrió la sentencia 121/1992 y extendió la competencia a la elaboración de leyes civiles que se inspiraran en la normativa e instituciones de els Furs. ¿Invade competencias estatales al hacerlo?: en absoluto, lo mismo que las invaden los catalanes, aragoneses o vascos cuando hacen sus leyes civiles. El Estado transfirió la misma competencia que tenía que no guardaba relación con foralidad tutelable alguna; el estatuyente de 2006 conectó la competencia con la tutela de la foralidad civil, siguiendo el modelo constitucional, y definió, cosa que podía hacer, el alcance de la competencia para que quedara útil y reconocible sin invadir las competencias del Estado en el territorio de nuestra Comunidad porque además de lo dicho respetó las materias que en todo caso son intransferibles y residen en la competencia legislativa civil del Estado. En definitiva, la reforma pretendió terminar con la insidiosa e inconstitucional persistencia de los efectos de la abolición foral poniendo a Valencia al mismo nivel de ejercicio de la competencia legislativa civil que las CCAA que con ella compartieron históricamente foralidad civil.

 

P: ¿Lo mismo que me ha dicho de la sentencia 121/1992 cabe decirlo de la sentencia del pasado día 28 de abril?.

VDC: Cabe decir lo mismo, de hecho el propio TC proclama que con la segunda sentencia no hace otra cosa que reiterar lo que dijo en la primera. Sin embargo, hay  una diferencia. En la sentencia del pasado día 28 de abril el TC acepta que la competencia se pueda extender a la modificación y al desarrollo por la vía de las instituciones conexas de la foralidad civil consuetudinaria valenciana. Recordemos que en la de 1992 dijo que los presupuestos del correcto y válido ejercicio de la competencia exigían que la ley que se dictara respetara el ámbito geográfico de la costumbre legalizada y que recogiera con fidelidad absoluta el mismo régimen jurídico que resultara de la costumbre. Esa posición era incompatible con la propia doctrina del TC sobre el alcance de la competencia legislativa civil de las CCAA que tuvieran foralidad propia al entrar en vigor la CE y degradaba la función legislativa de les Corts hasta el extremo de hacerla irreconocible e incluso de anularla. Esa es la más importante diferencia que queda reducida a nada si se ha de partir de las escasísimas posibilidades que ofrece la costumbre; puede decirse que la competencia, aún con esa “concesión”, quedaría estrangulada. Entiendo que la causa de la novedad no es otra que avalar la constitucionalidad de la Ley de contratos agrarios que me consta que la Abogacía del Estado propuso recurrir también ante el constitucional con la doctrina de la sentencia de 1992 corregida, en este punto, por la del pasado día 28 de abril a pesar de la competencia asumida por la Generalitat en la regla 17ª. del apartado 1. de los artículos 31 del Estatut de 1982 y del Estatut de 2006.

P: Sin embargo, el voto particular del magistrado Xiol Ríos que, por cierto, comparte el planteamiento de fondo de la Generalitat sobre la competencia, critica la extemporaneidad no salvada, en su opinión, de la declaración de inconstitucionalidad y consecuente nulidad de toda la Ley cuando a la Comisión bilateral Estado-Comunidad Valenciana que se puso en marcha para evitar el recurso se llevaron sólo 11 artículo y dos párrafos de otros dos artículos de los 48 que en total tenía la Ley inicialmente recurrida, la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.

VDC: Comparto íntegramente, con gran satisfacción como valenciano y como jurista, la crítica del magistrado Xiol a la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016 plasmada en su voto particular formulado a la misma. En efecto, a la Comisión bilateral no se llevó toda la Ley, sino sólo los artículos a los que usted se ha referido entre los que no estaba el que establecía el régimen de separación de bienes como régimen legal vigente a falta de acuerdo entre los cónyuges sobre otro régimen económico matrimonial diferente. La conexión entre los artículos impugnados y los demás no resulta en absoluto clara pues los no impugnados podían conformar perfectamente la Ley sin necesidad de los impugnados y, en todo caso, su nulidad hubiera exigido un análisis pormenorizado de cada uno de ellos, lo que no hace la sentencia. Jamás antes el TC aplicó la doctrina de la conexión o consecuencia con un alcance tan devastador. Todo ello sin olvidar que la disposición adicional primera de la Ley anulada contenía un precepto de carácter fiscal relativo al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales dictado en el ejercicio de una competencia indudable de la Generalitat que hay que estimar vigente respecto de los pactos de germanía otorgados antes de la publicación de la sentencia.

 

P: ¿Qué pasará al día siguiente de la publicación de la sentencia en el BOE?.

VDC: Los matrimonios que se celebren a partir de esa fecha quedarán sujetos a la sociedad de gananciales del Código civil salvo que los contrayentes opten por otro régimen en capitulaciones matrimoniales, es decir, sucederá lo mismo que antes de que entrara en vigor la la ley anulada. En cuanto a los matrimonios contraídos durante la vigencia de la Ley que quedaron sujetos al régimen de separación de bienes establecido en la ley anulada quedarán sometidos al mismo régimen económico matrimonial, lo que quiere decir que el articulado de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano les será aplicable como contenido de unas supuestas capitulaciones matrimoniales y lo podrán modificar en todo o en parte a su voluntad. No debemos olvidar que el régimen de separación de bienes de la Ley valenciana y el régimen de separación de bienes del Código civil tienen importantes diferencias y que el Código Civil jamás se aplicó a esos matrimonios que, como dice la sentencia, “seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico matrimonial que hubiera gobernado sus relaciones”. No obstante, el Tribunal Constitucional debió haber dejado más claro este extremo en su sentencia  por exigencias de la seguridad jurídica que reclama y proclama el art. 9. 3. CE en lugar de resolverlo con una simple línea.

P: ¿Y ahora qué?, ¿qué se puede hacer para superar esta situación?

VDC: Estamos ante el mismo panorama que nos dejó la sentencia 121/1992, es decir, ante el vaciado o estrangulamiento competencial, ante la imposibilidad de su ejercicio porque una vez aprobada la Ley de contratos agrarios ninguna otra se podrá elaborar en el ejercicio de la competencia. Ninguna. En cuanto a lo que cabe esperar o se podría o debería hacer, le diré que, desde luego, no puedo entender la posición de quienes pretendan que el Estado o el Congreso nos transfieran de nuevo la competencia por la vía de una Ley de transferencias o de una Ley marco porque la competencia ya está transferida y asumida según el TC para tutelar nuestra foralidad civil por imperativo de la regla 8ª de apartado primero del art. 149 de la Constitución a cuyo criterio de distribución de la competencia legislativa civil entre el Estado y las CCAA se ha de someter necesariamente cualquier ley orgánica de transferencias. No es, pues una cuestión de titularidad de la competencia, sino de su alcance, del modo como se puede ejercer. Se puede decir que como el art. 149. 1. 8ª. CE no se dictó para que cupiera en su seno el caso valenciano, según antes le dije, y el TC pese a su esfuerzo creativo no ha conseguido reactivar la competencia nada más que para legislar en materia agraria (Arrendamientos históricos derogada por la Ley de Contratos agrarios), de suerte que podemos decir que en su suprema función interpretativa de la Constitución no ha dado satisfacción a las pretensiones valencianas, la única vía que cabe, cerrada la vía de interpretar la Constitución, es la modificarla. Sólo una reforma constitucional que añadiera un párrafo a la regla 8ª del apartado primero del art. 149 CE podría ser la solución, una solución especial y singular para un problema especial y singular cuya pervivencia es incompatible con los principios y valores constitucionales más profundos. Un párrafo que añadiera la idea esencial sobre el modo y alcance del ejercicio de la competencia plasmada en el Estatut de 2006 que el TC ha segado de raíz con su interpretación extraordinariamente rígida del criterio de distribución competencial tantas veces citado. Lo ideal, lo que los valencianos merecen, lo que nuestro Ordenamiento jurídico necesitaría sería que todos los partidos de les Corts o, al menos, los que conformen una mayoría sólida suficientemente significativa, adecuadamente significativa para la importancia del tema, elevaran a las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de la Constitución concretada y referida a este exclusivo asunto al amparo de los arts. 166 y 87. 2 CE y del art. 22. f) del Estatut, como propone la Asociación de Juristas Valencianos, sin olvidar un párrafo añadido al apartado segundo de la Disposición Derogatoria de  la Constitución que deje expresamente sin efecto, en cuanto puedan conservar alguno, que para el Tribunal Constitucional ya hemos visto que sí, los Decretos de 29 de junio y 29 de julio de 1707.

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