ANTE LOS ACTOS REIVINDICATIVOS DEL 29 DE JUNIO

Con ocasión de la conmemoración del 29 de junio de 1707, fecha de los Decretos de Nueva Planta por los que el Reino de Valencia perdió sus Fueros, la Associació de Juristes Valencians quiere sumarse a los actos reivindicativos organizados por la Generalitat.

banderaycresponEn estos momentos, en el que dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional –y una tercera, esperada- están llevando a término una segunda abolición, más triste si cabe que la primera, es necesario la unión de todos los valencianos y de sus instituciones de autogobierno en defensa de la competencia legislativa civil, según fue asumida en nuestro Estatuto de Autonomía.  En pro de esa unidad ha trabajado y trabaja esta Asociación en el ámbito de la comunidad jurídica; no para rescatar un Derecho Histórico, por venerable que sea, cuyo tiempo ya pasó, y que lógicamente nadie ha pretendido calcar ahora en pleno siglo XXI, sino para contar con un instrumento útil que, en pie de igualdad con otros territorios españoles, permita a los valencianos tener un Derecho moderno propio, un mejor Derecho más adaptado a nuestras necesidades sociales y de más fácil evolución, tal y como tienen otras seis nacionalidades y regiones españolas, que representan a casi el 40% por ciento de la población española.

La historia demuestra que los procesos centralizadores tienen normalmente muy poco de integradores. La abolición foral valenciana es buen ejemplo de ello. La unidad legislativa civil, nunca lograda en España, se explica fácilmente por ese déficit integrador.  Con la reivindicación a la que nos sumamos no atentamos contra la necesaria convergencia de los ordenamientos civiles entorno a unos principios propios de la vida y de las sociedades modernas, perfectamente compatible con la diversidad de ordenamientos, sino que nos alzamos contra imposiciones uniformadoras que lastran aspiraciones legítimas de la ciudadanía, sacrificadas en el altar de una unidad que ni existe ni va a existir, ya que Navarra, Aragón, Euskadi, Galicia, Cataluña y Baleares tienen normas de derecho civil propio diferentes a las previstas en el Código Civil.

Cuando un Estado democrático, a través de sus más altas instancias jurídicas, pretende expulsar del orden constitucional una reivindicación legítima que ha cristalizado en un Estatuto compartido y no impugnado, cuya adecuación a la Constitución es perfectamente defendible y ha sido defendida, los juristas tenemos que alzar la voz. Porque la lealtad constitucional no comporta acrítico seguidismo ni pasiva resignación. Y en la medida en que los instrumentos del Derecho se han torcido sin alcanzar los frutos esperados, creando un problema donde se había abierto una vía de solución, debemos demandar a nuestras instituciones que la política componga lo que el Derecho y sus instrumentos de interpretación y aplicación han sido incapaces de evitar.

Con esa intención ofrecemos a la Generalitat Valenciana, con su Presidente a la cabeza, la leal colaboración de esta Asociación, y convocamos a todos los ayuntamientos, a las instituciones, a los grupos políticos y a las asociaciones representativas a que secunden unitariamente esa reivindicación, en un proceso colectivo que devuelva a los ciudadanos valencianos la capacidad para regular sus relaciones civiles, haciendo prevalecer el principio democrático frente a las consecuencias de una secular derrota militar, el absolutismo y la dictadura.

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