REFLEXIONES VALENCIANAS ANTE EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN de 2015

Este 6 de diciembre se celebra el 37 aniversario de la promulgación de la Constitución. La efeméride suele transcurrir de forma anodina entre puentes festivos, viajes familiares y jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados. Pero este año tiene connotaciones peculiares que la hacen especial y, sobre todo, más atractiva. Por un lado, el llamado “proceso soberanista” en Cataluña ha puesto encima de la mesa los defectos del título VIII (el de la organización territorial del Estado) de nuestra Carta Magna, que se redactó en su día -va para cuatro décadas- de forma precipitada y en medio de fuertes presiones. Por otro, las elecciones generales del próximo 20 de diciembre han obligado a los principales partidos políticos -a los del arco parlamentario y a los nuevos que han surgido con fuerza- a pronunciarse sobre una eventual reforma de la Constitución y hasta del modelo de Estado que ha estado vigente desde el final de la Dictadura.

Constitución-española
Los sucesos de Cataluña han evitado que el debate sobre la reforma constitucional transcurra por los cauces de rigor y moderación que serían de desear en un caso como éste; pero también es verdad que han contribuido a poner de manifiesto el problema y a sacudir el inmovilismo que afectaba a las dos grandes fuerzas políticas que se han repartido el poder en este país desde 1982. Los programas electorales de los distintos partidos que concurrirán en las urnas el día 20 nos están permitiendo saber por qué apuesta cada uno de ellos y cuál es su modelo de Estado; y también, que la reforma constitucional está próxima. Tendrá un mayor o menor calado según quien gobierne el país los próximos cuatro años; pero los días de intangibilidad de nuestra Ley de Leyes están contados… Y es en este punto en el que, como Associació de Juristes Valencians, queremos incidir. Es evidente que hay una perspectiva de la reforma de la Constitución desde el Gobierno central. Y ya ha revelado algunos de los elementos que pueden convertirse en objeto de discusión: el catálogo de derechos y libertades, así como el de servicios básicos; la transformación del Senado y del poder judicial; la sucesión a la Corona -incluso el modelo de Estado-; fiscalidad y financiación autonómica… Con todo, el plato fuerte de la reforma será la clarificación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Y es que también hay una perspectiva territorial de la reforma. Pues bien, lo que nos preguntamos es: ¿Existe realmente un planteamiento valenciano ante la reforma constitucional? Es decir: si mañana mismo se formase una comisión para dibujar las líneas del cambio, ¿sabríamos los valencianos en qué puntos, en qué materias concretas hemos de insistir, cuáles son nuestros intereses críticos a la hora de dar nueva redacción a la Carta Magna? Mucho nos tememos que no…

Y no será porque no hay frentes abiertos. Sin ánimo de ser exhaustivos, recordamos algunos. Por ejemplo, los recursos hídricos, las cuencas fluviales, los trasvases… han sido causa de numerosos enfrentamientos con el Gobierno central y con los de varias comunidades autónomas; el Tribunal Constitucional es testigo de ello. También la jurisdicción sobre el espacio marítimo-terrestre: los deslindes, el aprovechamiento del litoral -recordemos el conflicto por los chiringuitos de la playa-, su urbanización, la competencia sobre espacios naturales protegidos; acabamos de sufrir el penúltimo capítulo de esta pugna a cuenta de la cesión del uso de los puertos deportivos. Pero es lo que cabe esperar en una comunidad histórica que tiene 525 kilómetros de litoral y en el turismo de sol y playa uno de sus puntales económicos… Es necesario plantear una reforma que reduzca el privilegio de las provincias poco pobladas a la hora de obtener representación en el Congreso de los Diputados, ya que esa circunstancia priva a los valencianos de la justa representación que nos corresponde atendiendo al número de habitantes. También esperamos que tengan cabida en la previsible reforma constitucional algunas de las 99 medidas previstas en el Pacto Estatal contra la Corrupción, promovido por la Fundación por la Justicia.

Y por no hablar de la cuestión del derecho civil valenciano, el agravio de los récords que lleva instalado en nuestra tierra más de tres siglos. Ahora nos disponemos a recibir una nueva bofetada del Tribunal Constitucional con consecuencias presentes y futuras en la vida de todos los valencianos y más aún en la de nuestros descendientes menores de edad ya que si nadie lo remedia es previsible una sentencia contraria a la competencia de los valencianos para legislar sobre derecho civil, con inmediatas consecuencias en la normas valencianas de régimen económico matrimonial, uniones de hecho y custodia compartida, siendo, esto sí, algo más que inaceptable que se regule el futuro igualitario de los menores, privándoles de su derecho a estar con sus dos progenitores en condiciones de igualdad. Nos quedamos, de confirmarse lo peor, sin la Ley de Custodia Compartida más avanzada de nuestro país, una ley a la que han mirado otras Comunidades Autónomas e incluso el legislador estatal a efectos de sus futuras, esperemos, modificaciones civiles. También, se nos privará lamentablemente del régimen subsidiario de separación de bienes, a falta de pacto expreso entre los conyugues. Pero la primera bofetada la dieron los respectivos Gobiernos centrales entre 2008 al 2012, al interponer recurso tras recurso (del planteado contra la Ley de Régimen Económico Matrimonial, un caso flagrante de alevosía política, ya han transcurrido 7 años), mientras miraban hacia otro lado en casos mucho más flagrantes, como el catalán o el vasco. Es de esperar que una reforma de la Constitución nos permita, por fin, actualizar y mejorar algunos sectores de nuestro derecho civil, como hace media España, evitando ese agravio comparativo a que nos referimos y reconociendo de forma indubitada, y de una vez por todas, nuestro derecho civil.

No hemos querido extendernos en otros problemas igualmente acuciantes como el de la financiación autonómica -un desastre que también viene durando siglos-; la prestación de servicios sociales, en lo que llevamos largo tiempo a la cola del país; o la falta de infraestructuras necesarias para el desarrollo económico: ahí está el inexistente “eje mediterráneo” para demostrarlo. En general, son cuestiones vinculadas a una sociedad dinámica, con inquietudes y necesidades propias a las que desde el Estado central no se ha dado una respuesta adecuada -a veces, demasiadas, ni siquiera se ha dado una respuesta-. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que en los últimos cuatro años, ningún valenciano se ha sentado a la mesa del Consejo de Ministros. Aunque también es verdad que, cuando lo han hecho, no han defendido nuestros intereses como cabía esperar.

Pero si queremos que este olvido sistemático no se repita y que el nuevo texto constitucional atienda mínimamente a nuestras necesidades de autogobierno, hace falta un plan preconcebido, lo que hoy día llamamos una “hoja de ruta”. Los valencianos no podemos permitirnos que, cuando llegue la hora de modificar nuestra Carta Magna, no sepamos qué es lo queremos, cuáles son nuestros intereses, para defenderlos de forma adecuada. Por eso, como Associació de Juristes Valencians, pedimos a nuestro gobierno autonómico, y a nuestros políticos en general, que estén preparados ante la inminente reforma de la Constitución de 1978, que no lo dejen todo para el último minuto, como tantas veces ha pasado… Y que, llegado el momento, sepan estar a la altura de los ciudadanos a los que dicen representar; que no se imponga sin más el criterio jerárquico de partido -sobre todo, en los de ámbito estatal-, porque, como la historia demuestra, detrás de ese criterio pretendidamente neutral siempre ha habido intereses territoriales (andaluces, castellanos, gallegos…).

Nosotros seguiremos asumiendo nuestro papel, que es el de toda asociación en una sociedad civil moderna y abierta: plantear problemas y ofrecer soluciones, fomentar el debate y crear opinión, insistir y presionar, e invitamos a trabajadores, agricultores, asociaciones culturales, sindicatos, profesionales, empresarios de todas las comarcas valencianas, a forjar la unidad en la defensa de nuestros intereses. A la Associació de Juristes Valencians nadie la ha de ver de brazos cruzados. Acabamos de presentar propuestas de mociones en 173 municipios de muchas comarcas pidiendo la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de nuestro derecho civil, moción que puede consultarse en nuestra web www.ajv-val.org. Y vendrán nuevas iniciativas desde una perspectiva jurídica en todo aquello que sintamos preciso e importante para los valencianos. Nuestro compromiso con la tierra en que vivimos es firme. Confiamos en que el de los políticos que nos representan estén a la altura de lo que todos esperamos de ellos y que aquel esfuerzo que realizó el legislador valenciano en tener normas que responden a demandas de nuestra sociedad, como la de uniones de hecho, régimen económico matrimonial, o la norma más avanzada del Estado en custodia compartida no desaparezca perjudicando ya no a una Comunidad Autónoma, que también, sino a los hijos menores de nuestras comarcas.

Associació de Juristes Valencianslogo 22x50

Los comentarios están cerrados.