Carta abierta al Ministro de Justicia

Associació de Juristes Valencians

 

CARTA ABIERTA de l´AJV AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA SOBRE FINANCIACIÓN, INFRAESTRUCTURAS y EL DERECHO CIVIL DE LOS VALENCIANOS.-

             Sr. Ministro Catalá:

Su conferencia del pasado lunes en el Club de Encuentro Manuel Broseta, que agradecemos, ha hecho saltar ciertas alarmas en la sociedad valenciana y en casi todos los sectores políticos de esta tierra, incluido su propio partido, ante las respuestas dadas a l´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV) respecto a tres cuestiones sobre las que existe un gran consenso entre los valencianos: la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, el déficit de infraestructuras ( entre otras el Corredor Mediterráneo) y por supuesto respecto al Derecho Civil Valenciano, objeto fundamental de nuestra pregunta.

Como ciudadanos, no podemos quedar indiferentes ante la afirmación de que nuestra situación de infrafinanciación -la única Comunidad “pobre” (por debajo de la renta per cápita media) que sin embargo es “contribuyente neto”- se mantendrá hasta que haya crecimiento económico suficiente, o se suplirá con mecanismos de solidaridad –especialmente el FLA- que implican préstamos de dinero con obligación de restitución, aunque sea a interés cero. La falta de voluntad política de atajar esta anomalía en cualquier circunstancia y confiarla a un nuevo sistema con más recursos, manifestada en su afirmación de que no vamos a quitar a otros (esto es, no vamos a distribuir mejor) nos resulta especialmente dolorosa. En materia de infraestructuras, y particularmente en lo referido al corredor mediterráneo, lo más que podemos esperar es que la opinión del actual Ministro de Fomento y, finalmente, la decisión del Gobierno no coincidan con la suya.

Centrándonos en la cuestión que más nos concierne, por nuestra condición profesional y por su especial responsabilidad al frente del Ministerio de Justicia, no podemos dejar de estar con Vd. en cuanto a la necesidad de una Justicia más ágil, mejor dotada, organizada de modo más eficiente y con unas reforzadas garantías de independencia.  Pero, Sr. Ministro, ¿puede alguien estar en contra de esto? Echamos de menos que nos dijera cómo lo van a hacer, aparte de seguir implantando las nuevas tecnologías de la sociedad de la información. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos sorprendió con la sorpresa de que si las causas penales se retrasaban es porque los jueces no tenían un plazo legal máximo; pusieron Vds. el plazo y ahí se quedó la cosa, salvo que de repente todas las causas se han declarado complejas. Habló Vd. de la reforma estructural de las grandes leyes, aparte de las reformas parciales a las que asistimos en masa a finales de 2015; pero ¿cuáles van a ser las líneas fuerza de esas reformas, más allá del recurrente tema de atribuir la investigación criminal al Fiscal? ¿Con qué medios y con qué Estatuto?, porque no parece que los actuales del Ministerio Público lo permitan. Y en esa investigación, ¿cuál va a ser el Estatuto de la Defensa, del que Vd. ni siquiera habló?  Somos conscientes que en una conferencia, por lo demás brillante en su formato, no pueden abordarse todos los temas ni descender a según qué nivel de detalles, pero sí hubiera sido esperable algo distinto a los lugares comunes y las buenas intenciones. Algo, en definitiva, que materializara un concreto programa de gobierno.

Finalmente, su respuesta sobre el Derecho Civil Valenciano no pudo ser más decepcionante. Nos invitó Vd. a modificar nuestro Estatuto, que es lo que hizo el legislador valenciano y las Cortes Generales en 2006, y lo que ahora el Tribunal Constitucional ha desconocido –con un Estatuto no impugnado por nadie ni autocuestionado en su constitucionalidad por el propio Tribunal- declarando inconstitucionales las leyes valencianas sobre Régimen Económico Matrimonial, Parejas de Hecho Formalizadas y Custodia Compartida. Afirmó Vd. que los Derechos Forales son una riqueza, lo cual es cierto; pero elude la cuestión de que la actual legislación civil de la mayoría de las Comunidades con competencia sobre la materia va mucho más allá de sus antiguos Derechos Forales. Elude, en definitiva, la cuestión política a la que un Ministro como Vd. debe dar respuesta: si en un país como España, en el que no existe ni va a existir unidad legislativa civil, se tiene voluntad política de reconocer a la Comunidad Valenciana la capacidad legislativa en esta materia que proclama su Estatuto y han refrendado hasta ahora más de 166 municipios ( que representan a casi 4 millones de valencianos de todas nuestras comarcas), las tres Diputaciones, les Corts Valencianes, instituciones académicas, colegios profesionales y otras entidades de la sociedad civil. O si por el contrario, el Gobierno al que Vd. pertenece se va a pertrechar en la interpretación del Tribunal Constitucional –ni la única ni la mejor, como evidencian los Votos Particulares del Magistrado Sr. Xiol- y no va a hacer nada para que la cosa cambie. Dicho de otra manera: si de Les Corts valencianas saliera una propuesta unánime de mínima reforma constitucional que, afectando a la Disposición Adicional Segunda (como esta Asociación ha propuesto), o al art. 149.1.8º, eliminara los vetos constitucionales puestos ahora por el Tribunal cuyas sentencias acatamos aunque no nos gusten, ¿su Gobierno estaría a favor de facilitar esa reforma o no? O en todo caso, si esa reforma se viera dificultosa ¿estaría su Gobierno dispuesto a transferir o delegar su propia competencia civil a la Generalitat, al amparo del art. 150.1 y 150.2 CE, para que pudiera hacerse efectiva esta reivindicación?. Son preguntas para las que nos gustaría una respuesta clara, que fuera respetuosa con un pueblo y con unas Instituciones que nunca han sido desleales y que reclaman lo que a otros se les ha reconocido por circunstancias históricas que deberían ser tan poco relevantes en un Estado democrático como lo que hicieron en el pasado la Monarquía Absoluta (reposición de los Fueros) y la Dictadura Franquista (aprobación de Compilaciones)

Sr. Ministro: si alguna aspereza aprecia en esta carta, no la tenga por cuestión personal ni por censura partidista. Somos una asociación  de juristas, absolutamente plural en lo ideológico, que humildemente pretendemos defender los derechos e intereses valencianos en lo que afecta, sobre todo, al campo del Derecho y la Justicia. Nos ponemos a su disposición para transmitirle personalmente la relevancia e importancia que tiene para los valencianos nuestro derecho civil, no menos que para los otros 14 millones de españoles de Galicia, Cataluña, Navarra, Baleares, Aragón y Euskadi, que tienen un derecho civil propio, conforme a sus Estatutos de Autonomía.

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