INFORME PARA UNA POSIBLE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DE CABIDA A LA COMPETENCIA LEGISLATIVA CIVIL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I.- PLANTEAMIENTO

Agotada la vía interpretativa de la Constitución por las SsTC 82 y 110/16 y abierta la necesidad de una posible y probable reforma constitucional, las propuestas que se formulen no tienen que sujetarse a las restricciones ahora existentes, porque se trata precisamente de suprimirlas.

Sin embargo, esa supresión puede orientar el nuevo panorama –a mi modo de ver- en una triple dirección:

  1. una solución específica e individual para el caso valenciano.
  2. una solución que, incluyendo el caso valenciano, sirva también a las demás comunidades con competencia legislativa civil, eliminando las restricciones ratione materiae que ahora tienen; o
  3. finalmente, una solución que cambie completamente el panorama de la legislación civil, abandonando el modelo foralista por otro autonomista.

La primea opción tiene la ventaja de la especificidad y de la inequívoca voluntad de cambio de la norma constitucional para dar entrada en ella a lo que hoy está fuera, según se ha declarado por el TC, consumando de este modo el propósito frustrado que se pretendió con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006. Sería, sin duda, la solución más prudente si no estuviera en el horizonte una reforma constitucional, de mayor o menor calado pero necesariamente más extensa, o si ésta se previera excesivamente lejana en el tiempo. Sin embargo, tiene el inconveniente tanto de la falta de interés para los partidos nacionales (por su falta de carácter general) como para los nacionalistas (por no concernir a sus específicos territorios), por no hablar de la previsible oposición de Ciudadanos y de la debilidad política de los partidos valencianos para introducirla en la agenda de esta legislatura con el rango propio de una reforma constitucional. Puede en este momento tener, además, el inconveniente de discriminar entre reivindicaciones diversas de reforma constitucional, con el riesgo de no contar incluso con el apoyo de los partidarios de la reforma, guiados por el propósito de mantener la reivindicación de una más general. Por tanto, creo que debemos desechar esta opción.

La tercera posibilidad responde, sin duda, a un planteamiento racional y sistemático de la distribución competencial, que atiende al interés general y no a circunstancias históricas, ya que no se advierte por qué motivo la materia civil haya de ser distinta de las demás compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Un planteamiento autonomista era el recogido en el art. 15 de la Constitución republicana de 1931, así como el que figuraba en el texto inicial de la Ponencia Constitucional de 1978, luego corregido en el dictamen de la Comisión del Congreso. Se trataría, en esencia, de atribuir a los parlamentos autonómicos la competencia sobre legislación civil, salvo las materias ahora reservadas en todo caso al Estado central en el art. 149.1.8º in fine. Esta opción, sin embargo, tiene también serios inconvenientes políticos, vinculados a la resistencia a perder un Código Civil centenario, de un lado, y a abrir la puerta a  una dispersión legislativa  no reclamada por buena parte de las Comunidades Autónomas de Derecho Común. Si finalmente, en un planteamiento de máximos, se abordara una reforma federal del Estado, ésta debería ser la fórmula escogida, aunque posiblemente con una ampliación importante de la competencia estatal en materia de legislación básica (añadiendo, p.ej., formas mínimas de testamentos o normativa básica en materia de matrimonio –no sólo las formas- filiación o patria potestad). Es por todo ello que no parece conveniente optar por esta posibilidad, salvo en esa hipótesis de reforma federal que no parece que vaya a darse a corto plazo.

Descartadas las vías anteriores, la opción más realista es la enunciada en segundo lugar, que vincula el caso valenciano con el interés que, en esta misma materia, pueden tener las demás Comunidades con competencia reconocida. El presupuesto que la justifica parte de la doble función que la foralidad tiene en el art. 149.1.8ª CE, a saber: como elemento subjetivo identificador de qué Comunidades pueden asumir esta competencia y como elemento objetivo que acota el ámbito de la materia sobre la que puede ejercerse. El problema surgido para la Comunidad Valenciana tras las dos recientes Sentencias del TC lo tienen en menor medida, pero lo tienen también, las Autonomías con antigua compilación, sujetas siempre a eventuales recursos por pretendida extralimitación en el desarrollo de su propio Derecho Civil, más allá incluso de la idea de conexión que el Tribunal ha interpretado con bastante flexibilidad. La posible solución conjunta al caso valenciano y al de estas otras Comunidades pasa por vincular esta competencia, según indica el Voto Particular del Sr. Xiol, a la recuperación y actualización de su Derecho Privado Histórico dentro del marco constitucional, siempre que así se recoja en sus propios Estatutos. De este modo, se mantendría la opción foralista del constituyente en cuanto a la determinación de las Comunidades que pueden asumir esta competencia, evitando esa dispersión legislativa y eliminación potencial del Código Civil que generaría fuerte resistencia en determinados sectores; pero para las comunidades con foralidad civil, esa foralidad dejaría de ser un elemento restrictivo ratione materiae, ampliándose su ámbito material hasta los límites de las materias reservadas en todo caso a la competencia del Estado, porque prácticamente todas ellas –salvo las cuestiones novedosas- podrán encontrar en su Derecho Histórico los precedentes necesarios para establecer la conexión actualizada con la materia que se regula. De este modo, necesariamente caería o perdería relevancia el sustento constitucional del criterio que equipara “existencia” a “vigencia” a los efectos del art. 149.1.8º CE, porque la admisión de la posibilidad de actualizar el derecho histórico en la misma Constitución  no deja otra opción que admitir la entrada, como referente constitucional, al Derecho privado no vigente.

 II.- OPCIÓN QUE SE PROPONE

 Conforme al criterio expuesto, por mi parte propondría una doble opción:

  1. Modificación del art. 149.1.8º CE, con el siguiente añadido: “sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, y de la recuperación y actualización de su derecho privado histórico, conforme a los valores y principios constitucionales. En todo caso … “
  1. Introducción de un párrafo segundo de la Disposición Adicional Segunda, del siguiente tenor: “La competencia legislativa civil de las Comunidades autónomas asumida en sus propios Estatutos conforme al art. 149.1.8º de esta Constitución, se extenderá a la recuperación y actualización de su Derecho Privado histórico conforme a los valores y principios constitucionales”.

La primera de esas opciones tiene la ventaja “elegante” de que no enmienda la actual jurisprudencia constitucional, pues mantiene la interpretación dada al “allí donde existan”, si bien añade claramente la recuperación y actualización del Derecho Privado Histórico, que por necesidad es un derecho no vigente, por lo que la conexión sí puede hacerse con los precedentes históricos, cosa  que ahora niega el Tribunal Constitucional. Tiene, sin embargo, la desventaja de que ni el art. 148 CE ni este inciso del art. 149.1.8º (que, como dijo en su día García de Enterría, es una norma asistemática, porque participa de la naturaleza “transitoria” del 148) no son preceptos atributivos de competencias, sino que éstas son las asumidas en los Estatutos, y podría surgir la duda de si resulta necesario modificar éstos para las Comunidades con antigua compilación foral, al objeto de incluir esta extensión al Derecho privado histórico.

Es por ello que, personalmente, me inclino por la segunda opción propuesta, que en el fondo viene a hacer una especificación declarativa de la fórmula contenida en el art. 149.1.8º CE, pero sin margen de interpretación al Tribunal Constitucional en otro sentido que no sea el mismo antes indicado. Conforme a este planteamiento, es evidente que no resulta necesario modificar ningún Estatuto que no recoja expressis verbis la mención al Derecho Histórico, por entender que la propia fórmula del 149.1.8º la incluye ex Constitutione.

A su vez, me parece preferible decir que la recuperación y actualización de ese Derecho Histórico se hará “conforme a los valores y principios constitucionales” y no “en el marco de la Constitución”, según hace la Disposición Adicional Primera, porque esta última expresión podría dar pie a la tentación de interpretar que el marco de la Constitución sigue siendo que la competencia sólo se extiende al Derecho Civil que la Comunidad tenía al tiempo de aprobarse aquélla, y en ese ámbito puede actualizar su Derecho Histórico, sin poderlo hacer fuera de él (que en el fondo es lo que dicen las SsTC 82 y 110/16 para salvar la constitucionalidad de la DT 3º del Estatuto). Por el contrario, la fórmula propuesta hace referencia sólo y exclusivamente a los contenidos de ese derecho histórico actualizado, o a los propios criterios de actualización, pero sin constreñirlo a un ámbito material previamente delimitado por la Constitución; al contrario, es ese criterio el que determina los límites materiales a los que puede extenderse la competencia que la Constitución permite a la Comunidad Autónoma.

La inclusión de esta segunda opción como párrafo segundo de la Disposición Adicional Segunda está sistemáticamente justificada: a) de una parte, porque el actual párrafo único, que pasaría a ser primero (o incluso podría suprimirse, por carecer ya de virtualidad) se refiere específicamente al Derecho civil foral en su relación con normas constitucionales; y b) porque quedaría claro que la actualización de este Derecho Histórico Privado no fuerza o modifica la acotación territorial que, para el Derecho Público, hace la Disposición Adicional Primera según la interpretación que el  TC ha dado a los “derechos históricos de los territorios forales”, aunque uno y otro caso resulten inspirados en el mismo principio.

La modificación propuesta, en cualquier de sus modalidades, “revitalizaría” la actual Disposición Transitoria Tercera y el artículo 7 de nuestro Estatuto, aprovechando que formalmente no han sido anulados, aunque hayan quedado en el limbo de lo vigente pero imposible.

Luis-Miguel Higuera Luján

Abogado. Colegiado 6030-ICAV

Associació de Juristes Valencians (AJV)

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