Un año que no ha pasado en balde

Hoy  se cumplen 310 años del decreto de nueva planta que abolió entre otras instituciones nuestra capacidad para legislar en derecho privado. Pasado mañana se cumplirán un año y un día desde que el Tribunal Constitucional falló sentencia respecto a la ley valenciana de régimen matrimonial económico, con la que se terminó de derogar toda la producción normativa en derecho civil valenciano moderno. Lo hizo, como en las ocasiones anteriores, en virtud de una interpretación restrictiva de la constitución donde se habilita la competencia legislativa “…a los derechos forales y especiales, que cabe su modificación y desarrollo allá donde existan”. Asimilando la existencia con la vigencia. En todo caso esto supone un agravio y una injusticia histórica que conduce a la Comunitat Valenciana a ser la única autonomía con derecho foral que no puede modificarlo y desarrollarlo. Una anomalía que merece ser subsanada máxime cuando el derecho, la ley, los Fueros representan la seña de identidad más primigenia y originaria del pueblo valenciano.

Partiendo de esa zona cero, l´Associació de Juristes Valencians ha conseguido revitalizar la reclamación y mantener en la agenda política y social la cuestión. Ya son 196 municipios los que han aprobado la moción pro derecho civil valenciano. Esa fuerza municipal representa a más de un ochenta por cien de la población total valenciana. Las tres diputaciones provinciales también se han adherido a la iniciativa, así como Les Corts. Se han realizado actividades divulgativas en la Universitat y descentralizadas en diferentes municipios como Benicarló, Alcoi, Canet d´En Berenguer, Benifaió, especial mención del acto municipalista en el cap i casal que congregó a más de trescientas personas entre electos y representantes la sociedad valenciana. Una vez sustanciado la base del amplio apoyo social e institucional, cabe recordar que son más de una veintena las entidades de carácter cultural, sindical o profesional que se han adherido. De naturaleza tan diversa como el sindicato CSIF, el Colegio de Ingenieros Industriales o el colectivo Lambda.  En todo caso la actividad de la entidad presidida por José Ramón Chirivella ha trascendido a la campaña búsqueda de apoyos para la causa, presentando a todos los grupos con representación una propuesta de modificación técnica de la constitución redactada por el jurista Luis Higuera, que a todas luces puede dar solución al problema.

Sólo la unidad de acción a partir de un consenso unánime puede llevarnos a la meta. Se trata de la reintegración de una competencia simbólica, que constituye el adn del pueblo valenciano. Fiar la recuperación de la competencia a una posible o probable reforma constitucional, supone archivar la cuestión con el riesgo de quede olvidada en el baúl de los fracasos. Conviene pues superar barreras que nos hicieron invisibles en la redacción de la carta magna de 1978. Para ello como decía Nicolau Primitiu “Treballar,persistir,esperar.

José Morgan García (Associació de Juristes Valencians).

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